El Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al Gobierno: los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen cinco días para entregar la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas por la llamada ley de nietos a las que se ha suspendido cautelarmente el derecho al voto. Si no lo hacen antes de las 15:00 del miércoles 28 de octubre, el tribunal podrá imponerles multas coercitivas y deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
La decisión, recogida en dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo notificados este viernes, es un salto cualitativo en un conflicto que lleva mes y medio abierto. El Supremo ya había suspendido el voto de estos ciudadanos el 10 de septiembre, pero ahora pone nombre, fecha y consecuencia a la orden: la lista debe llegar al propio tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.
El tribunal considera "incomprensible" que el Gobierno no haya facilitado todavía ese listado, porque, en sus palabras, estas personas "pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración". El reproche es doble: no solo no se ha entregado la lista, sino que, según los datos de la Abogacía del Estado citados por El País, de 31.390 expedientes revisados hasta ahora solo se han expedido 91 certificados por parte de los consulados a descendientes del exilio, la condición que los jueces impusieron para poder votar.
La multa inicial sería de 1.000 euros, pero el aviso clave es que sería reiterada: se podría repetir hasta que se cumpla la orden. Y la advertencia de responsabilidad penal no es una imputación automática, sino la apertura de la vía para que, si persiste el incumplimiento, se deduzca testimonio y se tramite lo que corresponda. Es, en la práctica, el instrumento más duro que el Supremo tiene para obligar a cumplir una resolución.
El origen del conflicto está en la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por motivos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La polémica se centra en una instrucción administrativa que amplió la interpretación de los supuestos contemplados, y en si las personas nacionalizadas por esa vía cumplen el requisito de ser descendientes del exilio que el Supremo exige para votar.
El Gobierno sostiene que los afectados son 163.020 inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). De ellos, podrían votar el 29 de noviembre todos los que acrediten, con certificado consular, que cumplen la ley de nietos en los términos fijados por el tribunal. La cifra es relevante porque, aunque la participación de los españoles residentes en el extranjero suele ser inferior a la del censo nacional, su voto puede ser decisivo cuando el reparto de escaños se decide por márgenes estrechos, y las encuestas dan al PP un 31,4%, al PSOE un 26,9% y a Vox un 18,8%.
Lo que ocurra antes del miércoles 28 dirá mucho de cómo se resuelve el pulso. Si el Gobierno entrega la lista, los consulados tendrán que certificar a contrarreloj quién puede votar y quién no. Si no la entrega, el Supremo tendrá que decidir si impone la primera multa y si abre la vía penal contra dos ministros en plena campaña electoral. En ambos casos, 163.020 personas esperan saber si podrán votar.
Información basada en la cobertura de El País, Huffington Post España y Artículo 14.